En pie de guerra

por José Luis Pérez Canchola

El pasado miércoles 21 de mayo, varios representantes de compañías petroleras estadounidenses comparecieron bajo juramento ante el Comité Judicial del Senado norteamericano, a fin de responder una serie de cuestionamientos en relación con las descomunales ganancias de sus empresas a costa del bolsillo del pueblo norteamericano. El senador Patrick Leahy, del estado de Vermont y presidente del citado Comité, con documentos en la mano les pidió a los ejecutivos petroleros que explicaran sobre los 36 mil millones de dólares registrados como utilidades en los primeros tres meses de 2008. Otro congresista, Herb Kohl del Estado de Wisconsin, les dijo durante la audiencia, “Parece que ustedes no sienten ningún problemas al triplicar sus utilidades con una política errática de precios, lo que en verdad no es justo para el pueblo norteamericano”.

El vicepresidente de la Exxon Mobil, Stephen Simon –cuyo sueldo anual es de 12 millones de dólares- reconoció ante el comité senatorial que en términos absolutos sus ganancias resultaban elevadas, pero debían considerar las grandes inversiones que se tendrán que hacer en el largo plazo a causa de la demanda creciente de energéticos en el mercado global. Por su parte, el representante de la empresa petrolera Conoco Philips, John Lowe, se lamentó que los tomaran como chivos expiatorios, ya que en realidad las compañías petroleras norteamericanas son el mejor recurso en la carrera por la globalización de la energía.

La culpa del aumento en el precio del petróleo crudo, argumentaron los ejecutivos de las petroleras, es la creciente demanda mundial de energéticos y no las empresas. El representante de la corporación Chevron, Peter Robertson, contraatacó a los senadores y se quejó de las nuevas iniciativas de ley relacionadas con la cancelación de los beneficios fiscales que actualmente favorecen a la industria petrolera. Los representantes empresariales aprovecharon la comparecencia y demandaron al propio Comité Judicial para que el Congreso elimine las actuales restricciones en exploración y producción de petróleo dentro de los Estados Unidos.

Efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos aplica una política restrictiva en cuanto a nuevas perforaciones de pozos petroleros. Tal es el caso de la reserva probada de 10 mil millones de barriles de petróleo crudo localizados en la región norte de Alaska, cuya explotación está impedida por distintas leyes y por decretos del ejecutivo federal. Esta reserva es el equivalente al petróleo crudo importado de Arabia Saudita por los próximos 15 años. Otros 10 mil millones de barriles se estiman en diversas reservas que hoy día no están sujetas a exploración ni extracción por acuerdo federal. Son reservas localizadas en la península de la Florida y en los estados de Wyoming, Colorado, Alabama, Ohio, Utah, Montana y otros más.

Las empresas petroleras norteamericanas ven mayores ganancias en la explotación de su propio petróleo y de esta manera obligar a los países productores a reducir el precio del barril. Sin embargo la clase política de los Estados Unidos y los especialistas le apuestan a la estrategia de reservar sus propios recursos para atender la demanda interna a largo plazo y al mismo tiempo crear las condiciones para la transición hacia la energía alternativa. Mientras tanto la embestida debe ser en contra de otras regiones del mundo con reservas probadas, incluyendo el Golfo de México.

En este contexto las compañías tendrán que enfrentar adicionalmente y en lo inmediato diversas iniciativas de ley que se relacionan con el aumento de impuestos a la producción doméstica de petróleo crudo (iniciativa S.2991) y sobre el control de precios de la gasolina.

Los industriales del petróleo se preparan para dar la batalla argumentando que el mercado global de los energéticos exige mayor producción en el menor tiempo posible. Sus baterías se dirigen también en contra de las leyes que obstaculizan sus planes de expansión dentro de los Estados Unidos. Estas mismas empresas, por largo tiempo han cuestionado la vigencia de la Ley de 1953 que implantó la jurisdicción federal sobre los recursos minerales en aguas del mar patrimonial, cuya extensión se estima por parte del gobierno norteamericano en 1.7 Billones de acres, de los cuales solamente el 2.6 por ciento esta bajo licitación para la exploración y producción de petróleo y gas natural sobre todo en el Golfo de México.

Las compañías norteamericanas harán todo lo que sea necesario por apoderarse de buena parte del petróleo crudo que se produce en el mundo. Les molesta que existan países que reclaman el petróleo como un asunto de soberanía nacional, principio que en estos tiempos resulta para ellos un verdadero estorbo. Lo urgente para estas corporaciones es satisfacer el consumo diario en los Estados Unidos de 20 millones de barriles con derivados del petróleo y 60 millones de píes cúbicos de gas natural. Este es el costo de mantener en movimiento a millones de automóviles, aviones, maquinaria agrícola, barcos, yates, ferrocarriles y fábricas, además de generar la energía para calentar o enfriar a millones de viviendas. Todo con el propósito de mantener la comodidad y muy especialmente la sensación de prosperidad de más de 200 millones de norteamericanos y en este propósito, México tendrá que ayudar por las buenas o por las malas.

Los expertos norteamericanos en este tema, afirman que la crisis de los energéticos en los Estados Unidos llegará pronto y será de graves consecuencias, la evidencia más clara de tal asunto es la caída de un 22 por ciento de la producción interna de petróleo crudo en la última década. Aseguran los que saben del asunto que aún cuando se autorice dentro de los Estados Unidos la perforación de nuevos pozos, los primeros barriles de petróleo estarían en el mercado hasta el año 2020. Por lo pronto la estrategia es seguir presionando a gobiernos como el de México para que flexibilice el mercado petrolero y acepte la inversión privada, venga de donde venga.

En este escenario se encuentra el Golfo de México con una reserva probable, según PEMEX, superior a los 29 billones de barriles de petróleo. Lo cierto es que mientras el pueblo de México se siga organizando en defensa de este patrimonio, las petroleras norteamericanas se quedarán con las ganas de llevárselo a los Estados Unidos.